A estas alturas de mi vida veo las cosas con más sosiego y tengo tiempo para pensar. Por eso me preocupa el porvenir de nuestra Comunidad. Pertenezco a una generación que trabajó muy duro para salir de la pobreza y poder decir que cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino mucho peor. Lo cierto es España desde los años cincuenta progresaba hasta convertirse, medio siglo después, en un gran país de la Unión Europea. Dentro de nuestras fronteras, Navarra llegó a ser puntera en todo cuanto afecta al estado del bienestar. Sin ser presuntuosos llegamos a estar orgullosos de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestros servicios sociales, de haber alcanzado casi el pleno empleo, de la pujanza de nuestras empresas, en suma, de todo cuanto incide en la calidad de vida. Sabíamos que todo era mejorable pero no podíamos imaginar que también todo es susceptible de empeorar. Y desde la pandemia esto es lo que ha ocurrido. Navarra no es una excepción.
Pero no echemos balones fuera. El último Gobierno de España tenía la costumbre de invocar a la Unión Europea para justificar lo injustificable, pero todos sabemos que si esto no va nada bien es porque nosotros, en España y en Navarra, hemos aplicado políticas erróneas. Los países europeos han soportado las mismas calamidades, pero el impacto sufrido no ha sido tan duro como el nuestro. Estamos a la cabeza de Europa en endeudamiento y también de los países con mayor índice de paro.
Y no es menos preocupante el estado de la salud democrática de nuestra sociedad. Sin apenas darnos cuenta, cada vez se reduce más el ámbito de nuestra libertad personal y se pone en peligro el Estado de Derecho. So pretexto de luchar contra la desigualdad caminamos progresivamente hacia sistemas que han conseguido la igualdad en la miseria, salvo para los que detentan indefinidamente el poder. Sánchez ha provocado que la separación de poderes haya saltado por el aire. Prácticamente, todas las instituciones del Estado están bajo su control. El amiguismo y el nepotismo están a la orden del día. Hace mucho tiempo (1748) que Montesquieu al proclamar el principio de la separación de poderes sentenció que “si los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona entonces no hay libertad, porque es de temer que hagan leyes tiránicas. Pero si el poder judicial también está en su mano, en tal caso la libertad se perdería enteramente y se impondría la arbitrariedad y la tiranía”. En tiempos del gran pensador francés todavía no habían surgido Tribunales Constitucionales, que en manos de un gobierno autócrata pueden poner del revés a la Constitución,
Pero Navarra es el espejo de España. También aquí padecemos políticas de imposición lingüística contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, que convierten la enseñanza en vascuence en un instrumento de adoctrinamiento separatista. La valoración del euskera a la hora de acceder a la función pública navarra y la concesión de subvenciones condicionadas a la utilización del euskera son discriminatorias para quienes no tienen ninguna obligación de conocerla. El silogismo de los que rigen la política educativa y cultural de Navarra es de una lógica aplastante. Es así que Navarra –proclaman– es la cuna del pueblo vasco, luego forma parte integrante y esencial de Euskalerría. Y dado que Euskalerría es la nación cuya seña de identidad es el euskera, luego Navarra debe ser euskalduna. Sí o sí.
Observo con gran preocupación el crecimiento de la deuda pública de nuestra Comunidad, que va a ser un lastre para las generaciones futuras. Y, en contrapartida, no se percibe que el endeudamiento lleve consigo la mejora de nuestros servicios públicos ni de nuestra calidad de vida. Los presupuestos se convierten en el botín de quienes tienen en su mano la estabilidad del Gobierno. Al margen de los actos protocolarios, fácil es de entender quién gobierna de verdad en el Palacio de Navarra.
Todo el mundo estará de acuerdo que los impuestos sirven para obtener los recursos necesarios para sostener los gastos públicos. Ahora bien, ¿quién genera tales recursos? Se quiera o no reconocer, es la iniciativa privada la verdadera fuente de los ingresos. La teoría de la economía sostenible pretende implantar un nuevo modelo de sociedad donde los ciudadanos prescinden de lo que se califican como gastos superfluos fruto del consumismo y viven subsidiados por un Estado que no premia el emprendimiento, sino que lo considera un signo de desigualdad. La consecuencia es que dentro de no mucho tiempo el endeudamiento aplastará al nuevo modelo de sociedad. Y entonces será el llanto y el crujir de dientes. Luego la conclusión es obvia. Hay que hacer lo posible por incrementar el sector privado del que depende el conjunto de la sociedad.
Aunque lo anterior es fácil de comprender, la realidad es que tanto en España como en Navarra remamos en dirección contraria. Aplicamos la presión fiscal más alta de España, o una de las mayores, y se amenaza con nuevas subidas que pueden provocar la huida de contribuyentes y ahuyentar inversores. Carecemos de una política de atracción de nuevas industrias. No fomentamos políticas de emprendimiento. Desde los poderes públicos se señala con su nombre y apellidos a empresarios que han creado riqueza, puestos de trabajo y pagado enormes cantidades de impuestos. Lo hacen quienes se han convertido en los “ricos” de la política y no dudan en señalarles con el dedo acusándoles de capitalistas despiadados y explotadores. En suma, hay quien quiere matar la gallina de los huevos de oro.
Sería conveniente tener siempre presente que somos miembros de la Unión Europea y, por tanto, nos comprometimos a respetar unos principios que han permitido a las instituciones europeas ser pioneras en la aplicación de políticas sociales inherentes a lo que llamamos estado del bienestar. Hoy los poderes públicos deben adoptar medidas eficaces para combatir sin palabrería demagógica la situación de extrema necesidad de millones de españoles, agravada por inmigración irresponsable, cuyo efecto llamada merma los recursos necesarios para combatir la pobreza.
En otro orden de cosas, en el siglo XIX perdimos la batalla del tren cuando se decidió que para ir a París desde Madrid el camino más corto era Valladolid, Vitoria y San Sebastián, en vez de Madrid-Soria-Pamplona. Ahora el Gobierno de Sánchez, con el apoyo del Gobierno foral, en pleno siglo XXI, está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de convertir a Navarra en un nudo de comunicaciones ferroviarias con Europa y el resto de España, conformándose con un simple ramal de alta velocidad de Pamplona a Vitoria, cuyo trazado partirá la Barranca en dos mitades. El aberzalismo ultramontano aboga por un tren regional que comunique las capitales de las cinco antiguas merindades sin tener que pasar por Pamplona. Lo demás les parece gastar ingentes cantidades de dinero para que “los ricos” puedan viajar a Pamplona con mayor comodidad. Lo que necesitamos en Navarra son trenes de cercanías para enlazar Tudela, Estella, Sangüesa, Olite y Baztán sin pasar por Pamplona. Esta forma de pensar es una amenaza para nuestro desarrollo económico, social, cultural y turístico. Lo malo es que son socios preferentes de la inquilina (por cuatro años más) del Palacio de Navarra, y condicionan sus decisiones.
Navarra hace muchas décadas implantó políticas medioambientales. Ahí está nuestra gran riqueza forestal amenazadas todos los veranos por incendios provocados o por desidia foral en su prevención. Fuimos pioneros en las energías renovables, aunque su epicentro ya no está aquí. Tenemos una industria agroalimentaria modélica. La agricultura es imprescindible para evitar la desertización poblacional de nuestra Comunidad. Pero el canal de Navarra, vital para toda la Ribera, está empantanado. En los últimos años los Gobiernos anuncian a bombo y platillo que pronto llegará a Cortes. Pero el agua no llega a la Ribera. Es inaudito que una de las nuevas infraestructuras hidráulicas ya construidas, capaces de garantizar el abastecimiento de agua a Navarra y Aragón durante décadas, está paralizada por decisiones arbitrarias tomadas en despachos de Madrid, con la complicidad de los enemigos del progreso, de los que se han opuesto siempre a cuantas infraestructuras son vitales para nuestro bienestar. Me refiero al embalse de Yesa.
Navarra ha demostrado siempre su capacidad para superar las dificultades. En la hora presente es imprescindible cultivar políticas de paz, libertad, solidaridad y concordia. Pero la legislatura que se inauguró el pasado 16 de junio no presagia nada bueno. Seguiremos inmersos en políticas fracasadas y en mano de los que anuncian que vienen a “segar” con la hoz escondida. Desde el Palacio de Navarra se habla de tender la mano, pero a la hora de la verdad hay quien nos quiere arrancar el brazo. Se ha perdido la oportunidad de constituir un gobierno representativo de la gran mayoría social navarra. Hay nubarrones que anuncian momentos tormentosos. ¿Será capaz el aire fresco del Pirineo de imponerse a la calima sahariana o al viento castellano, como llamaban nuestros antepasados en la Barranca al que soplaba desde el País Vasco?
Hay motivos para pensar que, en España, a pesar de los pesares sanchistas y de sus destructivos socios, tras las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023, todavía quedan importantes herramientas democráticas de resistencia frente a tentaciones totalitarias o a los intentos de resucitar los reinos de Taifas rompiendo la unidad de España.
Aunque la poderos máquina de propaganda de Moncloa consiguió en la noche electoral del pasado 23 de julio transmitir la idea de que Sánchez había obtenido una gran victoria, abortando así el peligro fascista representado por el PP y Vox, lo cierto es que el presidente en funciones había sufrido un gran descalabro, pues inició la carrera con 120 escaños y llegó a la meta con 121, uno más. Y su socia de gobierno, que anunció a los cuatro vientos que su proyecto político –SUMAR- iba a ser el asombro del mundo, retrocedió en número de escaños quedando con 31 diputados. Sumando a SUMAR los 121 del PSOE, el bloque gubernamental llegaba a 152 diputados, a 24 escaños de la mayoría absoluta. Los “derrotados” PP-Vox suman 170, a los que hay que añadir un diputado de UPN y otro de Coalición Canaria, en total 172 a tan solo 4 escaños de la mayoría absoluta,
La reedición del Gobierno Frankenstein, expresión acuñada por Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general que fue del PSOE, solo puede hacerse si Sánchez consigue el apoyo explícito de ERC (7), Junts per Cat (7), EH Bildu (6), PNV (5), y BNG (1). En el momento de escribir estas líneas los únicos que se han comprometido públicamente son los diputados de EH Bildu para evitar la llegada al poder de los fascistas, no sin dejar de advertir que el precio había subido. Los demás están negociando. Ahora Sánchez necesita tiempo y ya no le importa que el Rey designe primero candidato a Feijóo por ser el partido con mayor número de escaños, convencido de que fracasará en el intento, pues sólo podría salir elegido con la abstención del PNV, algo que el portavoz nacionalista en la ronda de consultas iniciadas por el Rey ha rechazado de plano porque no podían sumar sus votos a los de Vox, a quien no considera un partido democrático. Eso sí: una cosa es no pactar con fascistas y otra muy distinta converger con un partido como EH Bildu, de historial liberticida y que considera simples daños colaterales los casi mil asesinatos perpetrados por quienes luchaban por la liberación de Euskalerría del yugo del Estado español. Y tampoco le importa coincidir con Junts i Cat, que junto a ERC protagonizaron un golpe de Estado al proclamar unilateralmente la independencia y cuyo líder se autoproclama presidente de la República de Cataluña. La imagen de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno en funciones en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, toquiteando y sonriendo a Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, dando un altavoz internacional a las pretensiones de un separatista catalán que considera que es conforme a la Constitución llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, y exige mediadores internacionales para garantizar los acuerdos alcanzados para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, constituye el lanzamiento de una lluvia de drones contra el edificio constitucional. No se puede decir que lo importante es la convivencia en Cataluña y provocar un tsunami en el resto de España, tras resucitar la dialéctica de izquierdas-derechas, poniendo en marcha una legión guerracivilista. Puigdemont, bien adoctrinado por los cerebros de la Moncloa, invoca ahora el artículo 92, 1 para justificar que la Constitución permite llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Si saliera sí y ya no hay delito de sedición, reiterar la proclamación de la República de Cataluña sería pan comido. Si, al segundo después, algunos Estados reconocen a Cataluña como nuevo Estado soberano, España podría seguir los pasos de Yugoslavia. Sánchez estuvo un par de años en Sarajevo y volvió, según dijo el mismo, “vacunado contra los destrozos del nacionalismo”, El mesías sanchista nos señalaba el camino:” Esto escribió en su “Manual de Resistencia”: “Mi experiencia en Sarajevo me vacunó contra los destrozos del nacionalismo y la política identitaria, que no calibran las consecuencias de sus discursos de odio, ni las sociales, ni las políticas, ni las económicas. Mejor dicho, no es que no las calibren, es que alimentan lo peor de sus pueblos, porque ellos viven a costa de esta confrontación… En la antigua Yugoslavia como en ningún sitio se ve el poder perturbador de la idea nacionalista. La historia demuestra que el nacionalismo es una ideología muyo poderosa, pero destructiva, que siempre juega en contra de los intereses de los ciudadanos y, en los casos más extremos, incluso de sus vidas. La paradoja es que los más perjudicados son esos ciudadanos ensalzados por sus líderes nacionalistas: les hacen sentirse diferentes, exaltan esa diferencia, que luego se torna superioridad, incluso supremacismo. Convencen al pueblo de alejarse del otro y odiarlo, y en los casos extremos, como allí, aquello acaba en crímenes de guerra. El sedimento que ha dejado en la sociedad aquel nacionalismo excluyente y brutal es nefasto y durará generaciones, que han perdido pluralismo y libertad y se han vuelto más cerradas; por otro lado, odian al diferente, no quieren convivir con otros, no ha habido reconciliación. Ya no se matan, pero no hay convivencia real de los distintos grupos étnicos. Esa es la herencia del nacionalismo exacerbado por políticos corruptos y mediocres. Resulta asombroso cómo la historia repite ciertos patrones”. Da la impresión de que en esta ocasión el mesías se rindió al maligno cuando le llevó a lo alto de la Moncloa y le dijo: “Todo esto te daré a perpetuidad si retuerces la Constitución hasta convertirla en un cascarón inútil. Y verás entonces como catalanes y vascos se entenderán muy bien con lo que quede de España hasta en el fútbol donde se abrazarán como hermanos los aficionados las selecciones deportivas de los tres países compitan entre sí en las convocatorias internacionales. Así que devuelve la libertad al héroe de la patria catalana, permítele sacar las urnas a las calles para ejercer el derecho a la autodeterminación, y le felicitas el día en que salga al balcón del Palacio de la Generalidad para proclamar la República Catalana. Y envía de inmediato al embajador del Estado exespañol para presentar sus cartas credenciales al Presidente catalán”.
Pero sea lo que finalmente acontezca, en estas elecciones del 23 de julio se ha producido un hecho de gran transcendencia. El PSOE ha perdido la mayoría en el Senado. El PP ha pasado de 83 senadores elegidos por sufragio universal a 120, a los que hay que sumar otros 23 designados por los Parlamentos autonómicos. De modo que los “populares” cuentan con 143 escaños, diez más que la mayoría absoluta que es de 133.
Ha de tenerse muy presente que en el Congreso de los Diputados no se puede emprender ninguna reforma total o parcial de la Constitución que afecte al Título preliminar, al capítulo segundo, sección1ª del Título I (derechos y libertades fundamentales) o al Título II (Corona) si no cuenta con una mayoría de al menos dos tercios de los diputados. Para los demás preceptos constitucionales basta con una mayoría de tres quintos. El procedimiento en el primer caso es muy complejo, pues si la propuesta se aprueba por el Congreso y por el Senado con el quorum exigido, se disuelven las Cámaras y si las nuevas Cortes, por mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado, por separado, ratifican el acuerdo alcanzado en la anterior legislatura, la reforma ha de someterse al referéndum del pueblo español. Si se trata de una reforma que solo requiere mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado, basta con el acuerdo de las Cortes; no hace falta convocar un referéndum salvo que lo solicite al menos una décima parte de los miembros del Congreso o del Senado.
Asimismo, hay otras decisiones en las que se requiere quorum de tres quintos, una mayoría que sólo puede alcanzarse si hay acuerdo entre el PSOE y el PP. Este es el caso de los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los veinte que lo constituyen, de los que cuatro designa el Congreso y cuatro el Senado, o el de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los que ocho de los doce se reparten entre ambas Cámaras. Esta mayoría senatorial adquiere especial relevancia a la hora de la reforma total o parcia de los Estatutos de Autonomía que han de aprobarse por Ley Orgánica y por tanto por mayoría absoluta de las Cortes. En el procedimiento de aprobación la última palabra la tiene el Senado. Una mayoría absoluta puede ratificar o rechazar la reforma, en cuyo caso la iniciativa queda sin efecto.
En las elecciones autonómicas de mayo de 2023, también se produjo un gran descalabro del PSOE. El PP preside actualmente once Comunidades Autónomas; Aragón, Cantabria, Galicia, Castilla-León, La Rioja, Extremadura, Madrid, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). El PSOE mantiene tan solo 3 (Asturias, Castilla-La Mancha. En Cataluña gobierna ERC, en el País Vasco el PNV) y Coalición Canaria, junto al PP, en Canarias. La Constitución otorga a las Comunidades Autónomas un amplio haz de competencias legislativas en materias en las que el Estado dicta la normativa básica y de ejecución de la legislación del Estado en numerosas competencias exclusivas del Estado. Podría aplicarse en este último supuesto la famosa frase que dirigió al Congreso de los diputados el conde de Romanones, cuatro veces presidente del Consejo de Ministros en el primer tercio del siglo XX: “Hagan ustedes la ley, que yo haré los reglamentos”.
Centrándonos en Navarra, también el Senado tiene un papel muy relevante, pues ha de ratificar cualquier reforma del Amejoramiento del Fuero. El pacto alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la Nación debe ser aprobado por el Parlamento de Navarra y ratificado por las Cortes Generales, por mayoría absoluta en cada Cámara. En estos temas no prevalece la decisión del Congreso. De modo que, si el Senado no aprueba la reforma pactada, esta decae. En su discurso de investidura, la presidenta María Chivite anunció la creación de una comisión parlamentaria para estudiar la “actualización” del Amejoramiento del Fuero. Marginar en este empeño a los rivales políticos para plegarse a exigencias de EH Bildu y de Geroa Bai contrarias a nuestro estatus como Comunidad Foral, y a los principios básicos que lo inspiran, no sería una decisión acertada. Cualquier reforma debiera contar cuando menos con el mismo apoyo que recibió el Amejoramiento en 1982, es decir, el setenta por ciento del Parlamento Foral. Lo malo es que sus actuales socios de gobierno (o preferentes), en aquel momento transcendental para Navarra, votaron en contra tanto en la Cámara navarra como en las Cortes.
Septiembre de 2023.
Foto de Burkard Meyendriesch via Unsplash.