No a la “ley Puigdemont”

Un Estado de Derecho tiene normas básicas. Una es que nadie está por encima de la ley. Otra es que no se pueden hacer leyes a la medida de personas. Son dos caras de la misma moneda.

El Derecho Penal persigue actos, independientemente de que sus autores sean hombres, mujeres, rubios, morenos, o separatistas. Es la Ley, y la ley en democracia debe ser igual para todos.

En los últimos tiempos, el uso del indulto arbitrario por el Gobierno ha dejado claro que el peso de la ley sólo cae sobre los que no cuentan con un amigo en la Moncloa. Una herramienta que no debería existir en un régimen en el que la ley está para todos, o que debería limitarse a razones humanitarias claramente definidas, ha servido para ponerse la ley por montera.

Hemos visto también cómo la amistad del gobierno permite no sólo salir de la cárcel tras la condena, sino directamente ignorar la ley, y (en Cataluña) hasta las sentencias judiciales. El caso de la inmersión ilegal en Cataluña, y de la orden de los tribunales de aplicar el 25% de la educación en español, se está saldando con normas hechas a la medida para ningunear a los tribunales.

Hemos visto cómo se privilegia a presos con delitos de sangre a la hora de trasladarles de cárcel, cuando se trata de presos con amigos en la Moncloa. Hemos visto cómo se les da un trato de favor en los cambios de grado penitenciario.

Hemos visto cómo se mercadea con el Poder Judicial, cuando tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional dejan claro que no está para reflejar mayorías parlamentarias, sino para ser independiente. Sin independencia no puede ampararnos ante los abusos de poder.

Y ahora vemos el paso definitivo: no sólo se permite a los amigos del gobierno ignorar la ley, ahora se rehace la ley a la medida de su comportamiento para legalizar acciones que (digan lo que digan) son delito en todas partes. No lo llaman “sedición” en Alemania o Portugal, cierto: lo llaman “traición”.

El intento de reformar el Código Penal para hacer desaparecer una figura que (con sus dificultades) retrata bien el inaceptable comportamiento de unas autoridades regionales que dieron un autogolpe de Estado en Cataluña es más grave que usar herramientas franquistas para soltar a los amigos, o que hacer la vista gorda cuando ignoran a los jueces. Es pisotear la ley y la igualdad entre los ciudadanos. Es dejar claro que las normas son para algunos, pero no para ellos. Que todos somos iguales, pero (mientras el gobierno necesite sus escaños) unos son mucho más iguales que otros.

Pompaelo es una Asociación apartidista, pero no apolítica. Preservar el Estado de Derecho de un atropello como este ni siquiera es política, sino una cuestión de higiene democrática y salud social. Del mismo modo que dirigentes del propio PSOE, consideramos completamente inaceptable lo que está haciendo el Gobierno español. Está vendiendo la seguridad jurídica, la justicia misma, la igualdad de todos, el Estado de Derecho en el que se apoya nuestra libertad, a cambio de unos meses más de apoyo para gobernar. No hay nada que valga ese precio.

Por eso desde Pompaelo queremos expresar nuestro rechazo a la “ley Puigdemont”. No queremos un país en el que se juzga a la gente por quién es y no por lo que ha hecho. No queremos un país en el que los derechos de una persona dependan de los amigos que tiene, y de la falta que hagan sus escaños a quien gobierne. No queremos un país en el que algunos estén por encima de la ley, ni donde la ley se haga a la medida de algunos.

Pedimos, por tanto, que se retire la propuesta de reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición. Pedimos que los dirigentes del PSOE que han expresado su oposición la reflejen del único modo que importa, en sede parlamentaria. Y compartimos con Impulso Ciudadano y la sociedad civil de todas partes de España la petición de “que se aborde una reforma del Código Penal que proteja suficientemente el orden constitucional de los ataques que recibe de aquellas autoridades que tienen como objetivo la destrucción de ese orden constitucional”. 

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