Propuestas de mejora al II Plan Estratégico del Euskera de Navarra

El proceso de elaboración del nuevo Plan con el que el Gobierno de Navarra prevé desarrollar las políticas lingüísticas derivadas de la Ley del Euskera está, hasta hoy día 11, en proceso de consulta y recabando aportaciones de la ciudadanía. Un grupo de trabajo de la asociación, con la participación de todos los socios interesados, ha desarrollado un análisis centrado en proponer mejoras a los puntos en los que el plan tiene falta de solidez y se arriesga a ser contraproducente.

El texto se puede leer aquí (ficha en la web de Gobierno Abierto y PDF adjunto) o descargarse desde aquí (PDF).

Ejemplo de diferencia entre los principios de la ley y los efectos de la política lingüística aplicada.

INDICE.

PREÁMBULO.

1. RESUMEN EJECUTIVO.

2. PROBLEMAS METODOLÓGICOS.

2.1 Problemas en la elaboración de los informes de partida.

2.1.1 Proceso de participación: sesgo muestral.

2.1.2 Expertos consultados: sesgo de perspectiva.

2.1.3 Mesas técnicas: falta de participación. 

2.1.4 Credibilidad de los datos sociolingüísticos.

2.2. Problemas de presentación y representación.

2.2.1 Lengua materna y “primera lengua”.

2.2.2 Zona lingüistica: nombre y representación.

2.2.3 “Vascohablantes receptores”.

2.2.4 “Facilidad”.

2.2.5 “Transmisión”.

3. PROBLEMAS DE HIPÓTESIS.

3.1 Aspectos míticos.

3.2 Resaltar el valor o financiar una industria.

3.3. Consenso y voluntariedad.

3.5 “DAFO”: análisis o proyección.

3.4 (Modificación de) La realidad sociolingüística.

4. PROBLEMAS DE PRIORIDADES.

5. CONCLUSIONES.

EPÍLOGO.

PREÁMBULO

Desde la Asociación Pompaelo queremos expresar la mayor solidaridad con los fines y objetivos expresados al inicio del documento de trabajo para el II Plan Estratégico del Euskera, así como el aprecio por el trabajo realizado en el análisis de situación. Sin embargo, tanto en este análisis como en sus conclusiones y en las medidas que se desarrollan a partir de éstas (y en la trayectoria de su aplicación) detectamos problemas que pueden no sólo perjudicar el desarrollo de esos fines sino dañar los derechos de los ciudadanos de Navarra en otros aspectos que nos parecen importantes. 

Nuestra asociación existe para defender la historia y la cultura de Navarra, y los valores de igualdad y libertad. Nos parece que el borrador actual del Plan, en su forma actual, corre el peligro de fomentar una visión parcial de la historia y la cultura de nuestra tierra, y de implementarse dañando la igualdad y la libertad de los navarros. Estamos seguros de que ninguno de estos problemas forman parte de los objetivos de los partidos que impulsan el Plan. Por ello hemos querido aportar un breve análisis y algunas propuestas que esperamos que ayuden a  mejorarlo.

NOTA: Dado que el borrador adolece de incoherencia en la numeración interna, hemos intentado citar las medidas por su número donde es posible y relevante (i.e. la iniciativa 1.7.5 del eje 4).

1. RESUMEN EJECUTIVO

Si bien el planteamiento inicial del Plan es incontestable y asumible por cualquiera (y en concreto por esta asociación), su desarrollo tiene varios problemas generales:

  • Problemas metodológicos. Tanto los datos como la presentación de los datos en los que se basa (teóricamente) el análisis que precede a la propuesta de estrategias y acciones, adolecen de problemas serios.
  • Problemas de hipótesis. Las conclusiones que se pretenden extraer no se corresponden con lo que respaldan los datos (incluso tal como se presentan), incorporando hipótesis no sustentadas y de gran importancia como los supuestos beneficios intrínsecos de la lengua vasca, su derecho incontestable a un papel concreto en la sociedad navarra por encima de los derechos individuales, o incluso que se está infringiendo la ley en contra de sus hablantes.
  • Problema de prioridades. El Plan en su conjunto presenta un problema grave de falta de mesura. Se contempla el fomento de la lengua vasca como fin primordial, sin matizarlo con la promoción de otros fines y derechos no menos importantes para la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, la titular de esos derechos. Los idiomas no los tienen; las personas sí, entre ellos el de usar su lengua materna sin sufrir discriminación ni desventaja competitiva inducidas por la administración pública, algo que no se asegura en este Plan. La incorporación de esta defensa de otros derechos en la definición de las políticas, como criterio y como medida, sería muy recomendable.
  • Problema de medición. El Plan prevé la medición de resultados (lo que es de alabar) pero no tiene en cuenta la medición de medios. La variedad, profusión y dispersión de medidas propuestas para dedicar financiación pública, directa e indirectamente, a la promoción de la lengua vasca en Navarra es tal que exige un control también de los recursos dedicados. Es esencial un mecanismo de transparencia que permita a la ciudadanía visualizar el coste completo de las políticas de fomento de la lengua vasca, que pagamos todos los navarros.

Nos parece, en conclusión, que el plan como está plantado puede generar efectos contrarios a los que dice buscar y perjudicar a la ciudadanía navarra en aspectos importantes, generando a la vez un colectivo económicamente dependiente de los fondos públicos y de las políticas lingüísticas que se los otorgan.

2. PROBLEMAS METODOLÓGICOS

2.1 Problemas en la elaboración de los informes de partida.

El Plan indica que se basa no sólo en el estudio sociolingüístico sino en una serie de medidas de consulta a expertos y colectivos cuyas conclusiones no se presentan separadamente. Como se verá, tenemos razones de procedimiento para pensar que estas medidas no son buenas referencias.

2.1.1 Proceso de participación: sesgo muestral. 

Además de el presente procedimiento de solicitud de comentarios y las mediciones de Euskarabidea de 2018, el plan se apoya en un diagnóstico que incluye una encuesta cualitativa a entidades y asociaciones navarras sobre las medidas de promoción del vasco  realizado en los últimos meses (posiblemente reflejado en el punto 2.4 del estudio de la situación, aunque no lo parece).

Hemos tenido ocasión de verificar en primera persona el rechazo casi universal de las asociaciones y entidades de la sociedad civil que no respaldan la política lingüística actual del Gobierno de Navarra a participar en la encuesta, promovida por Euskarabidea y realizada por una empresa guipuzcoana. Literalmente ninguna de la más de una docena de asociaciones a las que hemos animado a participar ha querido hacerlo. En otras palabras, la representatividad de la encuesta es mucho más que discutible porque no se basa en una muestra neutral o aleatoria de la sociedad navarra, sino en una muestra sesgada (muy sesgada) a favor de los objetivos del plan y la promoción del euskera.

2.1.2 Expertos consultados: sesgo de perspectiva.

La batería de personas designadas (apartado 1.6.2) como expertas en la situación de la lengua vasca en Navarra tiene indudablemente una amplia perspectiva sobre ésta, pero no sobre el modo en que las políticas de fomento de esta lengua afectan al resto de la población de Navarra. Para ello habría sido necesario tomar en cuenta, por lo menos, la perspectiva de diferentes actores sociales (sindicatos, organizaciones profesionales y empresarios, para empezar).

El impacto de estas políticas en el resto de la sociedad es un criterio necesario para su diseño y evaluación, y su ausencia un problema grave para la toma de decisiones.

2.1.3 Mesas técnicas: falta de participación.

A los funcionarios y «agentes sociales” (la definición no casa con los perfiles seleccionados) se les pretendió dar voz con las “mesas técnicas” mediante cuestionarios y reuniones online. Los datos de respuesta a los cuestionarios hablan de unos ratios tan bajos que invalidan la representatividad del procedimiento (incluso sin acudir al sesgo en la selección de la muestra). El número de aportaciones generadas que registra el informe da una impresión de relevancia aún más baja.

2.1.4 Credibilidad de los datos sociolingüísticos

Es complicado aceptar la veracidad de los datos de Euskarabidea, y el crecimiento que reflejan, cuando choca con otras encuestas coetáneas que reflejan un conocimiento y uso mucho menor del idioma (Klusterra Soziolinguistika, 2018). También rebaja su fiabilidad el uso de criterios subjetivos.

2.2. Problemas de presentación y representación

La forma en que se han transmitido los datos del informe de 2018 es también preocupante, tanto por la elección (o evitación) de términos con carga semántica significativa, como por la presentación engañosa de datos, ya sea gráfica o descriptivamente. Dicho de otro modo, las conclusiones que ofrece una lectura poco profunda de ese informe difieren de la realidad en aspectos importantes.

2.2.1 Lengua materna y “primera lengua”.

Nos parece que el uso de “primera lengua” en el informe en lugar de “lengua materna” introduce un sesgo importante porque devalúa la lengua materna. A diferencia de la “primera”, la lengua materna es el idioma en el que la ONU recomienda que se realice la educación infantil (de acuerdo también con todas las instituciones que tratan la materia). Llamarla de otro modo disimula la infracción de los derechos de los niños que supone promover otra lengua hasta el punto de privarles del derecho a la educación en la materna, como se está haciendo de hecho y veremos más adelante.

Los datos del apartado 2.2 son clave. La realidad sociolingüística (según Euskarabidea) es que el 5,8% de los navarros tiene la lengua vasca como lengua materna (y otro 3,3% la comparte con el español). Este es el criterio que, de acuerdo con las mejores prácticas y el sentido común (e incluso la ley, que reconoce derechos a las personas pero no a las lenguas), debe dominar las políticas públicas a la hora de asignar recursos y definir procedimientos.

Incluso si se quisiera utilizar como baremo el simple uso (asumiendo su voluntariedad), el propio estudio refleja un uso de lengua vasca “en algún grado” del 11,8%. La combinación de ambos datos es una foto de la “realidad” que las políticas públicas deberían reflejar en su asignación de recursos si quisieran respetarla.

Son las personas las que tienen derechos (en concreto, a educarse en su lengua materna), no los idiomas. No se puede primar la extensión de la lengua vasca por encima de los derechos de los estudiantes navarros a recibir la mejor educación posible. Y no se puede discriminar al 90% de los navarros por su lengua materna,  penalizándoles en el acceso a empleo público e incluso a información institucional, cuando (para rematar) es una lengua oficial.

2.2.2 Zona lingüistica: nombre y representación

Tratar la zona “vascoparlante” como si fuera homogénea oculta enormes diferencias en la proporción de la población que entiende vasco en las distintas comarcas (2.1.2 figura 9). Esto a su vez permite presentar a los vascófonos (usuarios y no simples conocedores del idioma) como mayoritarios en toda ella, cuando en buena parte la mitad de los habitantes no sólo no lo hablan sino que ni siquiera lo entienden.

La misma distribución de los hablantes o algo-hablantes (“receptores”) por zonas (2.1.2 figura 8) ilustra hasta qué punto tratar la lengua vasca como propia de toda Navarra es confundir una parte (de la parte) con el todo,.

La 2.1.2 figura 11 es un ejemplo de manipulación en la representación de datos, al agrupar porcentajes diferentes de conocedores de la lengua en los distintos colores y marcar como “>79%” una zona con apenas el 80%, según sus datos. Si se hubiera puesto la marca en “>81%,”, no habría ninguna zona con ese color.

Del mismo modo, en 2.2.2 figura 21 apreciamos como la lengua materna de todo un 42% (53% si incluimos los bilingües) de los habitantes de la zona vascófona es el español. Una realidad que debería informar directamente las políticas educativas.

2.2.3 “Vascohablantes receptores”.

El término de “vascohablante receptor” es confuso, al dar a entender que la persona es capaz de entender funcionalmente la lengua vasca, cuando lo que significa realmente es que no lo es (tienen “algún conocimiento” pero no lo hablan ni “bastante bien”). 

Ese criterio es tan extremadamente general que podría abarcar a cualquiera que conozca veinte palabras vascas, y la impresión que produce es completamente errónea. Al sobredimensionar la cantidad de navarros capaces de entender vasco, es un criterio peligroso para la definición de políticas públicas, que puede llevar a error.

2.2.4 “Facilidad”.

La capacidad de expresarse mejor en una lengua que en otra (con las capacidades funcionales que implica) descrita en 2.1.4 se trata como un dato sin importancia cuando es un indicador evidente de la utilidad objetiva para el ciudadano de la comunicación e información en esa lengua. Y ahí toma especial importancia que para el 49,7% (una cifra curiosa que se redondea en el 50%) de los vascoparlantes, la lengua que mejor dominan sea el español… y el 34% diga serlo en ambas. Es evidente en qué dirección debería inclinar este dato a las políticas públicas, y no es en la dirección en la que pretende llevarlas el Plan.

El hecho de que los que declaran ser más competentes en lengua vasca que en español haya disminuido casi un 24% entre 1991 y 2018 señala dos cosas: que las cifras son poco fiables, y que todos esos jóvenes que no tienen el vasco como lengua materna y aprenden algo como consecuencia de las políticas lingüísticas no pueden usarlo igual que el español. Algo que sería raro si el aprendizaje fuera producto de una elección libre y un interés propio, que reflejara una realidad sociolingüistica que lo hiciera útil, pero que es de esperar cuando una lengua se impone en la educación sin ser de elección ni de uso. Lo malo es que este dato no se usa para corregir la imposición sino para justificar la promoción.

La figura 14 debería leerse en combinación con la (mínima) cantidad de vascoparlantes en la franja de edad de mayores de 65 años, porque de otro modo genera la impresión de que la lengua vasca era más común de lo que es (fomentando el mito de la “recuperación”), cuando la realidad es la contraria.

2.2.5 “Transmisión”.

Igual de preocupante es el mensaje implícito del apartado 2.2.4 de transmisión de la lengua vasca, en la que se refleja si una pareja con al menos un miembro “vascoparlante” genera descendientes vascoparlantes. Pero el estudio omite una parte importante: “vascoparlante” en este caso indica “conocedor del idioma”, no hablante habitual y mucho menos de lengua materna. Es decir, el apartado no refleja si el idioma materno se transmite, sino si un idioma conocido o aprendidose transmite. Es decir, el nivel de arraigo intergeneracional de las políticas lingüísticas.

La distinción es muy importante, especialmente porque este punto sirve de apoyo y justificación de varias acciones propuestas, cuando no significa lo que representa.

3. PROBLEMAS DE HIPÓTESIS

3.1 Aspectos míticos

El esfuerzo que hace el informe para basarse en datos objetivos queda inutilizado no sólo por los problemas metodológicos mencionados, sino por la incorporación de apriorismos ideológicos sobre los que no existe consenso, que guían toda la definición de políticas y acciones y las justifican.

Hay un aspecto mítico en todo el plan que se superpone al análisis de Euskarabidea, y es el supuesto “valor único” de la lengua vasca, sus “atributos” especiales, sus “aspectos beneficiosos” (4.2.2), el papel que ocupa en la “idiosincrasia de Navarra” (4.4.1) e incluso el “valor económico que genera”. Las lenguas son instrumentos de comunicación, y el valor “único” de una lengua son las conversaciones y contenidos que abre. El punto 4.3 y el 4.4 abundan en lo mismo. Una lengua que es la materna de menos del 10% de los navarros es parte del acervo cultural común pero ni es “propia” ni es símbolo de “identidad» para el resto de la población, ni puede ser (legítima y legalmente) nada más que una opción.

Dejando aparte su innegable valor emocional para los que la tienen como lengua materna o familiar, y el valor cultural de cualquier lengua, los datos sobre la lengua vasca del propio informe dejan claro que su “valor único” es el que estas políticas le confieran como factor competitivo para empresas y ciudadanos, en base al trato preferente de la administración.

3.2 Resaltar el valor o financiar una industria

Todo el apartado del euskera como agente económico (1.6.3.5) es preocupante. La frontera entre resaltar el valor dehablar un idioma y añadir valor a hablarlo es la frontera entre una promoción legítima y una discriminación a quien no lo habla. Y es una frontera que el plan cruza repetidamente.

También hay que señalar la distorsión política que supone la creación de una industria del euskera dependiente de las políticas lingüísticas, que abarca tanto a los proveedores de servicios sin demanda social suficiente para ser viable sin ayuda, como a la parte del servicio público cuya justificación profesional (o su ascenso) depende de estas políticas. Como ya se ha observado en las escuelas catalanas, la polarización política de los profesores  (en cuya selección influye la capacidad para educar en inmersión) supera con mucho la media de la sociedad; en el resto de la administración pública se observa el mismo fenómeno.

La fabricación de indicadores de salud mediante inversión pública no es lo mismo que la generación de salud: es simplemente un maquillaje que falsifica la realidad social para mostrar lo que no existe y justificar la continuación de esas mismas políticas en base a indicadores que pretenden mostrar esa demanda.  Es importante que el Plan no caiga en fomentar este autoengaño.

3.3. Consenso y voluntariedad

En el texto (apartado 1.3) se presenta el “consenso” entre los partidos que forman el actual gobierno en torno a unos principios de adecuación a la realidad sociolingüística, voluntariedad y no discriminación, que chocan con las acciones que plantea el plan, desde el momento en que se plantea (punto 6) partir del plan anterior, cuestionado tanto social como judicialmente, y de sus herramientas. El mismo concepto de “fomentar” (desde el punto 7 del apartado 1.3) y “revitalizar” un idioma choca con el de “voluntariedad” y el respeto a la realidad actual.

Es legítimo pretender alterar la realidad. Lo que no parece tan legítimo es afirmar que se pretende respetarla mientras se diseñan planes de inversión pública para modificarla.

Hay un dato que debería hacer reflexionar a los promotores de las políticas lingüisticas de los últimos años, y es que si bien el impacto en el uso no es significativo, el rechazo a esas políticas ha aumentado en las dos últimas encuestas. Algo que estamos seguros de que no sería difícil ligar a los excesos discriminatorios percibidos por los ciudadanos en su implementación (especialmente si las encuestas profundizaran, con una muestra aleatoria real).

Hay otro factor que no se puede ignorar sin condenar todo el esfuerzo a la irrelevancia (o peor). La percepción popular de la lengua vasca y el consenso social en torno a su promoción se ven dañados no sólo por el intento de usar políticas percibidas como discriminatorias (y definidas como tales por el TSJN en sentencia judicial) sino por la abundante evidencia de que estas políticas sirven de apoyo a colectivos radicales que no respetan la identidad real ni la libertad de opinión del resto de los navarros.  Un ejemplo especialmente claro es el uso de fondos públicos para apoyar a entidades que se dedican a crear contenidos para la Wikipedia en lengua vasca trufados de exaltación de la violencia política y ataques a los que la han padecido (véase la página sobre el “conflicto vasco” por poner un ejemplo entre miles). Otro es el uso de la Korrika (y de tantos eventos que se financian por su carácter cultural) para dar apoyo a la petición de impunidad para presos etarras o difundir agresivamente (con llamamientos a la “lucha”) posiciones ideológicas extremas. Una actividad cultural saturada de contenido ideológico extremista excluye a la mayoría de la población y mancha la percepción de la lengua que dice promover.

Es importante que el diseño de las políticas del Plan incorpore perspectivas como éstas, que aseguren que se respetan los derechos de los demás y no se instrumenta la financiación cultural para alimentar la política radical. Esto implica introducir criterios contra la discriminación por lengua materna, o por ideología, en la definición tanto de los planes y acciones como de los pliegos y convocatorias de subvenciones.

3.5 “DAFO”: análisis o proyección

El análisis de los datos que conecta los informes con las propuestas se limita a un DAFO de valor muy relativo, entre otras cosas porque no analiza las fuentes que cita el informe, sino que proyecta sobre esos datos las hipótesis que hemos visto, y que no están respaldadas por la realidad analizada.

Además de ser uno de los puntos en los que el informe incurre en “lenguaje inclusivo”, contiene afirmaciones muy aventuradas como que “no se cumple la ley”, y juicios de valor sobre la valoración de la lengua vasca en puestos de la administración pública, o incluso de significado dudoso como la “legitimidad” que puede esperar la lengua vasca en toda Navarra (o la “paridad” a la que tiene derecho). El enfoque es puramente de “derechos del lenguaje” y no de las personas, y se centra en pedir recursos para alimentar la ya mencionada industria del euskera.

En otras palabras, la conexión entre datos y propuestas en el Plan adolece, en nuestra opinión, de problemas graves. No es un análisis, es una tesis.

3.4 (Modificación de) La realidad sociolingüística

El principal problema es de partida, y es que el plan se centra en la supuesta “recuperación de una lengua” como objetivo, y no en el derecho de los navarros a expresarse y desarrollar sus actividades en ella si lo desean.

El reconocimiento de que la única relación de muchos escolares navarros con la lengua vasca es en el colegio (es decir, ni es lengua materna ni la hablan en casa, con las implicaciones que tienen ambas cosas para el aprovechamiento académico) es un indicador de hasta qué punto el foco no está puesto en el bienestar de los navarros sino en hacer realidad un sueño de lingüistas o filólogos.

Otro ejemplo es el objetivo de “reforzar la preponderancia” de la lengua vasca en las localidades en las que es mayoritaria, lo que en la práctica supone la exclusión del español en la información y los procedimientos públicos, cuando (como hemos visto) incluso en esas comarcas la proporción de navarros con el español como lengua materna (a las que se discrimina con estas medidas) es muy seria, y la de personas que no hablan vasco en absoluto (a las que se excluye) es significativa.

Poner el foco en mejorar la “comunicación” para lograr “una imagen social positiva y aumentar su prestigio” es incompatible con desarrollar políticas que impiden al 90% de los navarros trabajar en pueblos de la Comunidad, o que obligan en la práctica a escolarizar en una lengua que no es la materna a miles de niños. No se puede mejorar la imagen de algo cuando se trabaja activamente en que sea perjudicial para la gran mayoría. Dicho de otro modo, el abuso en el apartado A del plan hace inviable el éxito del apartado B.

4. PROBLEMAS DE PRIORIDADES.

El Plan en general presenta una ceguera no sólo hacia la demanda y el uso reales como medida de las acciones necesarias, sino hacia otras prioridades sociales diferentes de la promoción de la lengua vasca. Hay otras perspectivas de desarrollo social y otras prioridades ciudadanas que deben tomarse en cuenta para matizar las prioridades y hacer que las actividades produzcan una mejora neta de bienestar. Hay que asegurar que la búsqueda de un bien no se hace a costa de otros al menos igual de importantes, y e igualmente protegidos por la ley.

Un indicador muy gráfico de hasta qué punto las políticas de promoción y fomento de la lengua vasca no responden a la realidad sociolingüistica de Navarra es la distribución del conocimiento de la lengua por edades: queda patente que la población mayor de 65 años apenas lo conoce mientras que la que ha estado más años expuesta a políticas lingüísticas es más “receptora” o hablante que sus mayores: los menores de 35 años de hoy lo conocen mucho más que los de hace unos años. Y son los jóvenes de las zonas no vascoparlantes los que más están aprendiendo el idioma como consecuencia de las políticas de promoción en la educación, pasando por encima de su lengua materna.

Y es que el dato realmente interesante no es el de “conocimiento”, ni siquiera el de “uso”, sino el de “primera lengua” o (como ya dijimos) lengua materna, porque es donde se aprecia que las medidas de las políticas lingüísticas atropellan la lengua materna cuando no es la vasca. Un ejemplo de ésto se ve en la comparativa siguiente entre uso, lengua materna, escolarización e inversión en profesorado.

Resumiendo: según el propio Gobierno de Navarra, sólo el 5% de los menores de 15 años de Navarra tienen la lengua vasca como lengua materna. Sin embargo, las políticas lingüísticas han creado las condiciones para que el 24,23% de los niños se estén escolarizando en Modelo D, con lo que supone para su rendimiento y pese a que está claro que esta educación no se traduce en el uso del idioma fuera del entorno escolar. Y finalmente (pero no menos importante) vemos el dato de la última Oferta de Empleo Público en educación, donde los profesores contratados son en un 40,7% «profesores en euskera”, lo que no sólo no tiene correlación alguna con la realidad sociolingüística sino que habla de un atropellamiento claro y consciente a los principios de educación en lengua materna y no discriminación en la contratación pública.

Como ya se ha indicado, la mayoría de las medidas propuestas, en su sitio y en su medida, son poco objetables. Es la falta de proporción, la universalización, la acumulación, y finalmente la instrumentación, lo que las hace preocupantes.

Aunque se podría analizar casi cada una de las iniciativas (y muchas se han mencionado ya en el texto), la mayoría son simples propuestas de aumento de financiación al tejido de fomento de la lengua vasca, a las instituciones que lo pilotan, y a cualquier entidad que las apoye en casi cualquier terreno, lo que, en la escala en la que se propone, conlleva la ya mencionada industria del euskera y distorsión del mercado (además de un uso opaco de fondos públicos que podrían dedicarse a fines con mayor impacto social). 

Pero hay otras que son algo más que uso discutible de fondos públicos. Reseñamos una pequeña muestra. El resto de los ámbitos padecen el mismo problema.

El apartado 4.3 – 3.1 ya ha chocado con la legalidad suficientes veces como para que quede claro que no es aceptable “aumentar los puestos de trabajo bilingües” por el método de discriminación en las convocatorias, y la indefinición de lo que se propone lleva a temer un nuevo intento de profundizar en lo mismo.

El apartado 4.3 – 3.4 trata de la “toponimia navarra”, que ya ha sufrido bastantes inventos de nombres y falsas recuperaciones al amparo de la oficialidad. Si se aspira a prestigiar la lengua, evitar parodias como las que se han visto en demasiados lugares a los que se ha dotado de nombres oficiales que nunca fueron suyos, sería un buen comienzo.

El apartado 4.3 – 3.5.1 habla de tomar en cuenta las preferencias lingüísticas en los protocolos de comunicación, una buena idea si se aplica realmente en ambos sentidos y se usa para dimensionar la prestación de servicios con criterios objetivos de demanda, y no sólo para “proteger derechos lingüísticos” de una parte de la población.

El apartado 4.3 – 3.5.5 pretende garantizar la prestación de servicios en lengua vasca donde el 50% de la población sea “euskaldún” – es decir, sea capaz de expresarse en vasco (en algún grado), lo que no es lo mismo que tener el vasco como lengua materna, o que haber expresado una preferencia por ser atendido en esa lengua. El criterio evidentemente choca con la iniciativa 3.5.1 y con el sentido común.

CONCLUSIONES

Si bien el catálogo de medidas incluye muchas que parecen inofensivas (o que podrían ser muy positivas en su justa medida, como la 1.7.2 del apartado 4.1), la acumulación no lo es. 

Las medidas propuestas se resumen en la asignación de fondos públicos a todas las actividades que facilitan o promuevan el uso de la lengua vasca. Esto se llama “manipulación del mercado”, creando una demanda subvencionada (o directamente pública) de servicios, distinta de la que genera la “realidad sociolingüística”. Una industria del euskeraartificial, una burbuja subvencionada que, como ya se ha demostrado sobradamente tanto en la CAV como en Cataluña y reflejan los propios datos de Euskarabidea, no resulta en mayor demanda sostenida real sino en un grupo de profesionales movilizado en apoyo de las políticas que justifican su ocupación o aseguran su competitividad. El punto 1.5 es especialmente diáfano, al plantear la financiación de medios de comunicación sin mercado real, o de contenidos sin demanda real. El punto 2.3 incluye medidas que ya se han desacreditado ampliamente en la CAV al resultar en formación dada en un idioma que no se domina por personas que no lo dominan, pero generan empleo para los dispuestos a participar en el sistema.

Como ya se ha dicho, en abstracto no cabe dudar del derecho de quien gana unas elecciones a promover lo que quiere, ni del interés de la lengua vasca para la cultura de Navarra. En el plano concreto este derecho tiene dos límites:

  • La proporcionalidad entre los recursos dedicados y la importancia del objetivo. Aumentar el uso de la lengua vasca en Navarra creando una industria dependiente de las subvenciones e inflando o deformando las contrataciones públicas tiene que tener unos límites, y tiene que poderse medir. Es decir, para empezar, debe cuantificarse con claridad lo que cuesta a Navarra la implementación de estos Planes (acumulando gastos de las distintas administraciones y comparando con situaciones anteriores), para que la ciudadanía pueda juzgar si le parece apropiado. Todo esto se echa de menos en el apartado 5 de Seguimiento y Evaluación.
  • Los derechos de los navarros. Tanto el derecho a la educación en lengua materna como el del acceso al empleo público en igualdad (sin que se primen conocimientos en un grado o en una zona injustificados por la realidad sociolingüística), a la contratación pública sin parcialidades, a recibir el mejor servicio público posible, o el de libre concurrencia sin manipulaciones de mercado, o incluso el de libertad de opinión. En todo el plan se echa de menos una visión clara de la priorización de los derechos afectados, que permita garantizar que la promoción de unos no resulte en el daño a otros, que además son objetivamente mucho más importantes y que también gozan de protección legal.

Entendemos que es muy recomendable, por todo lo anterior:

  • Mejorar las fuentes de datos, incorporando la perspectiva de navarros que conviven con las políticas lingüísticas sin ser (ni tener interés en ser) vascófonos. De otro modo es difícil que se tengan en consideración sus intereses y se consiga la mejora de reputación del idioma y el consenso en torno a estas políticas.
  • Mejorar el análisis, expurgando hipótesis no sustentadas en datos, que deforman el peso dado a las diferentes prioridades que debe manejar la administración pública.
  • Revisar el plan y las medidas propuestas asumiendo cual es la realidad social y lingüística de Navarra que se quiere respetar (como dicta la ley) para poner en perspectiva las medidas que se proponen, mejorando el componente de voluntariedad, e incorporando explícitamente la toma en consideración de otras perspectivas para asegurar todos los derechos legales de los ciudadanos sin necesidad de recurrir (como en el periodo anterior) a la administración de Justicia.
  • Dotar al plan de mayor transparencia en los recursos, de modo que las partidas dedicadas a fomentar el uso de la lengua vasca (tanto directa como indirectamente, en subvenciones, nuevas contrataciones, servicios consumidos o cualquier otra partida derivada de estas políticas, incluyendo la elaboración de informes) se puedan identificar en todos los presupuestos, y se agreguen a nivel foral para que su coste real para todos los navarros sea visible.

Hay una diferencia entre facilitar una opción y promover una acción. Y la política lingüistica existente (y la propuesta) la cruzan, pasando por encima de los derechos de muchos navarros. La mejor forma de promover una lengua es entender esa división, fomentando sin primar, facilitando sin excluir. Puede hacerse, y no es más caro que lo que se está haciendo.

Para lograr un consenso social y mejorar la valoración (el objetivo del capítulo 4 del Plan) hay que empezar por cambiar el foco de convencer a la sociedad sobre “el lugar que el euskera necesita en Navarra (en opinión del gobierno actual)” y hacer posible que tenga “el lugar que los navarros elijan darle en sus vidas” (libre e individualmente). Porque el idioma no necesita nada. Las personas sí. Y la gente, las comunidades, llevan conviviendo siglos sin que se les contraponga por idioma.

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