Este artículo fue originalmente publicado en Diario de Navarra el 6 de Enero 2021.
El Consejo Navarro del Euskera del Gobierno de Navarra ha cerrado el proceso de participación sobre el II Plan Estratégico del Euskera con 58 aportaciones ciudadanas, de las que ha aceptado 8 y rechazado 50.
Como resumen, puede decirse que se han rechazado todas las propuestas críticas con los objetivos o el alcance del Plan. Algunos casos son especialmente llamativos, como el referido a la aportación sobre la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y la presentada por nuestra asociación.
En el primer caso, la aportación ciudadana indicaba que la Carta se refiere a lenguas no oficiales; el Consejo replica que el decreto de ratificación, con el que España se suma a la convención, lo extiende a las lenguas regionales cooficiales. Sin entrar en que esto es una contradicción evidente con el contenido y objetivos de la propia Carta, la invocación del decreto de aprobación como si fuera parte de la Carta es más que discutible, por cuanto no tiene el mismo rango de tratado que la misma (un tratado está por encima hasta de las leyes orgánicas; el decreto, no).
En el segundo caso (nuestra aportación), el Consejo ni siquiera las rechaza, sino que indica que en el texto “no se identifica alegación o propuesta concreta” para pasar a dedicar dos páginas a rebatir algunas de las alegaciones (o mejor dicho, a citar la legislación en la que nos basamos) e ignora completamente las propuestas con las que concluye nuestra aportación.
Estas son las propuestas concretas que el Consejo “no identifica”, tal como figuran en el texto:
“Entendemos que es muy recomendable, por todo lo anterior:
- Mejorar las fuentes de datos, incorporando la perspectiva de navarros que conviven con las políticas lingüísticas sin ser (ni tener interés en ser) vascófonos. De otro modo es difícil que se tengan en consideración sus intereses y se consiga la mejora de reputación del idioma y el consenso en torno a estas políticas.
- Mejorar el análisis, expurgando hipótesis no sustentadas en datos, que deforman el peso dado a las diferentes prioridades que debe manejar la administración pública.
- Revisar el plan y las medidas propuestas asumiendo cual es la realidad social y lingüística de Navarra que se quiere respetar (como dicta la ley) para poner en perspectiva las medidas que se proponen, mejorando el componente de voluntariedad, e incorporando explícitamente la toma en consideración de otras perspectivas para asegurar todos los derechos legales de los ciudadanos sin necesidad de recurrir (como en el periodo anterior) a la administración de Justicia.
- Dotar al plan de mayor transparencia en los recursos, de modo que las partidas dedicadas a fomentar el uso de la lengua vasca (tanto directa como indirectamente, en subvenciones, nuevas contrataciones, servicios consumidos o cualquier otra partida derivada de estas políticas, incluyendo la elaboración de informes) se puedan identificar en todos los presupuestos, y se agreguen a nivel foral para que su coste real para todos los navarros sea visible.”
En conclusión, nos sentimos decepcionados por la actitud del Consejo respecto al proceso de participación en sí, y respecto a las medidas propuestas. Entendemos que asegurar la transparencia, o delimitar explícitamente la proporcionalidad y mejorar la voluntariedad de las medidas, no son propuestas que pongan en cuestión los objetivos declarados del plan, ni que “nieguen que el euskera sea lengua de Navarra, degraden el euskera y alegen que le corresponde un lugar marginal y subordinado, oponiéndose a cualquier acción positiva para promoverlo” como alega la consejera Ollo para descartar 50 de 58 aportaciones. Tampoco aceptamos que no se puedan “identificar” en el texto.
Entendemos también que desestimar masivamente las propuestas es desgraciadamente coherente con un proceso en el que (como se detalla en nuestro texto) sólo se ha escuchado a una pequeña parte de la ciudadanía, y que por ello corre el riesgo de convertir de nuevo las medidas de promoción de la lengua vasca en un problema para la mayoría de los navarros, en lugar de una oportunidad para los interesados en ejercerla, y un paso atrás en la formación del buscado “consenso social”. El consenso no se encuentra ignorando al que opina diferente, sino incorporando su punto de vista.
Finalmente, nos quedamos con la impresión inicial de que el Plan parte de unos objetivos socialmente compartidos e indudablemente legítimos, para deformarlos con datos parciales y perspectivas sesgadas, y pasa a ignorar la legislación (la propia ley foral de euskera entre otras), ideando medidas que pasan por alto la zonificación legalmente vigente, carecen de proporcionalidad y dañan la voluntariedad (también legalmente obligatorias), además de olvidarse completamente de asegurar la transparencia, y de garantizar otros derechos de los navarros que son al menos tan prioritarios como la promoción de un idioma, como el de no discriminación por razón de lengua.
A partir del DAFO, el desarrollo del plan choca tan completamente con su planteamiento inicial, con la realidad y con la ley, que puede decirse que ha sido secuestrado por el fundamentalismo lingüístico.
Por ello, independientemente de la aprobación del Consejo, solicitamos al Gobierno de Navarra que revise seriamente el Plan antes de su entrada en vigor, o incluso lo devuelva a la fase de diseño, para evitar que desemboque de nuevo en medidas injustas que hayan de ser combatidas en los tribunales.
Miguel Cornejo es economista, gestor de proyectos y presidente de Pompaelo.