(Artículo publicado originalmente en Diario de Navarra el 4 de Diciembre 2021).
Los ingleses llaman “el elefante en la habitación” a ese tema evidente, que lo determina todo pero que todos evitan tocar. Por convención, por miedo al conflicto, por lo que sea.
En España tenemos varios. Uno venía siendo la inmersión en lenguas cooficiales, pasando por encima de la lengua materna y los derechos de los niños y sus familias (y de decenas de miles de profesionales de la educación). Con la etiqueta de “lengua propia” y la necesidad del apoyo parlamentario de los grupos nacionalistas se venía tapando todo: los abusos de Cataluña, el fracaso de País Vasco, la extensión injustificada en Navarra. Durante décadas, gobiernos regionales nacionalistas han creado unas condiciones de exclusión al no hablante tales que los padres han acabado pasando por el aro (mayoritariamente) aunque los niños no hablen esa lengua impuesta más que en la escuela.
El problema es que es ilegal, como acaba de confirmar el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ha rechazado considerar el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba impartir al menos un 25 % de las materias escolares en español, que allí es tan oficial como el catalán gracias al art. 3 de la Constitución y el art. 6.2 de su Estatuto de Autonomía. Le Generalitat está incumpliendo la ley y ahora intenta incumplir la sentencia. Y quien debe obligarles intenta mirar para otro lado.
Y ahí es donde está el mayor elefante, que hace posibles los demás. Cada vez más, en este país se deja pasar la ilegalidad según quien la cometa. Las administraciones públicas, que deberían asegurarla de oficio, no siempre lo hacen cuando quien la infringe es del partido que gobierna (o un apoyo necesario). Hay lugares donde es endémico, habitual, y lugares donde se evita hablar de ello. Hay lugares donde los propios dirigentes políticos ya piden abiertamente saltarse la ley y las sentencias amparados en un supuesto “consenso social”, sin recordar que leyes e instituciones democráticas están, entre otras cosas, para proteger a las minorías de los “consensos sociales”. Lugares donde un funcionario público “oficialista” puede acosar impunemente a una funcionaria disidente, apoyado en superiores afines, hasta acabar con su carrera y su salud, y no pasa nada.
En Navarra la ley aún se suele cumplir, menos cuando no se cumple. Como cuando un ayuntamiento no toma ninguna medida con una concentración no autorizada para homenajear a un etarra, debiendo multar a los organizadores (por hacerla sin autorización). O cuando otro retuerce la ley para inventarse un puesto de funcionario para un terrorista excarcelado. O cuando Asirón ignoraba sentencias judiciales sobre la falta de cualificación de su jefe de policía. O cuando se crean plazas de “coordinador de celadores” en el CHN con exigencias de idioma sin soporte legal. Esto no es Cataluña, pero es una mala costumbre que hay que evitar.
Cuando el sistema deja de asegurar el cumplimiento de la ley y la igualdad ante ella, la ciudadanía pierde la fe. Se inhibe electoralmente o apoya partidos populistas y antisistema, llevando la política a los extremos y perjudicando a las instituciones. El último estudio de Eurostat para el informe sobre el Estado de Derecho ya dejaba claro que los españoles no creen que su administración sea neutral, ni los que mandan traten a todos por igual. El más reciente de Pew Research señala que más del 70% está insatisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia y quiere un cambio que no cree que le vayan a dar.
A veces (como nos recordaba Antonio Penadés de Acción Cívica hace unas semanas) la ciudadanía también se organiza para acudir a la justicia, que muele lento y caro, pero aún mayormente funciona.
SI un funcionario incumple la ley o una sentencia judicial, incurre en prevaricación administrativa, lo que puede tener consecuencias penales. Y si la incumple un cargo público (como un alcalde), puede llevarle a la inhabilitación. Se han olvidado de ello, pero hay modo de hacerles responder.
En el caso catalán, cualquier afectado puede exigir la ejecución de la sentencia ante los tribunales, que tienen medios para asegurarla. La ley les permite imponer multas acumulativas a funcionarios y autoridades que se resistan a cumplir en plazo. Los directores de colegio público son funcionarios y la autonomía del centro hace que no puedan escudarse en lo que diga el Consejero.
La resolución del TS nos obliga a mirar de frente al elefante. ¿Vamos a permitir que se incumpla una resolución judicial que afecta a decenas de miles de niños? ¿Vamos a permitir que el Estado de Derecho siga sin existir en Cataluña más que selectivamente? ¿Vamos a permitir que se siga deteriorando en todo el país? Porque si el Estado renuncia a hacer cumplir la ley en una Comunidad, ha fallado en todas.
Miguel Cornejo es economista y presidente de Asociación Pompaelo.