La noche del domingo 26 de marzo del 2023, un mes antes del 75 «cumpleaños» de Israel, las calles de Tel Aviv, y de muchas otras ciudades del país, parecían inundadas por masas fervorosas. El perfil de los participantes, más jóvenes y entusiastas que los que se encuentran en las manifestaciones que se llevan a cabo todos los sábados ya por 12 semanas consecutivas, contagió con nuevas energías a todos aquellos preocupados por el futuro del país. Esto sucedía a las 22.00, una hora y media después que el primer ministro Benjamín Netanyahu (Bibi) anunciara que despediría de su cargo al ministro de defensa Ioav Gallant. Gallant, miembro del Likud, el mismo partido que Netanyahu, que se había pronunciado 24 horas antes por la suspensión de la «reforma» judicial propuesta por la coalición gobernante. En sus palabras, tales propuestas incrementan la polarización en la sociedad, lo cual se refleja también dentro del ejército, y debilita la seguridad misma del Estado. Decenas de miles de personas portando banderas, tamborileando, tocando cornetas, saltando de los puentes a las carreteras, encendiendo pequeñas fogatas, reivindicaban el imperio de la ley, el principio básico de una democracia de alta calidad. Después de medianoche, en medio de la gran manifestación, se distribuyó por las redes sociales el anuncio que a las 14.00 horas de ese mismo día habría una manifestación frente al parlamento en Jerusalén. Decenas de miles llegaron frente al recinto donde se continuaban votando las leyes que debilitarían la democracia y, piensan, podrían abrir el camino a una dictadura. Paralelamente, la Confederación General de Trabajadores declaró para ese día una huelga general en todo el país.

Las manifestaciones que sacan a cientos de miles de personas de su casa durante los últimos tres meses aspiran a evitar la aprobación de la «reforma» legislativa propuesta por la coalición. Su aprobación implicaría un cambio radical de las reglas del juego que caracterizan a los regímenes democráticos. Las propuestas tienen como objetivo, por ejemplo, reducir al máximo la separación de poderes, anular la autoridad de la corte suprema en la limitación del uso del poder gubernamental, el predominio del primer ministro en el nombramiento de los jueces, la anulación de las limitaciones estipuladas por el asesor legal del gobierno. También se introducirían cambios que debilitarían los controles de corrupción de los funcionarios y permitirían la impunidad por delitos ya cometidos. Se promulgarían leyes discriminatorias en materia de género y contra minorías nacionales y religiosas, al igual que privilegios para grupos específicos, tales como los judíos ultraortodoxos y otros. En otras palabras, si se llevaran a cabo, no solo el poder judicial terminaría bajo el control del ejecutivo, sino que se debilitaría muchísimo el juego de contrapesos esenciales para una democracia de calidad.

La protesta, sin liderazgo formal y sin representación de partidos políticos, es un paraguas bajo el cual participan grupos de toda clase. Entre ellos, los que ven el peligro del debilitamiento de la economía abierta de mercado: directores de bancos, ex ministros de economía, accionistas de grandes compañías, inversores de riesgo y, sobre todo, trabajadores en high tech, la locomotora del desarrollo económico israelí. También grupos que ven peligrar la política de bienestar amplio y sustentable: trabajadores sociales, médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros profesionales paramédicos y otros. Y aquellos que a cualquier precio intentan defender la libertad de expresión: estudiantes y profesores, actores, escritores, músicos, cineastas, padres y alumnos de escuelas primarias y secundarias; o bien quienes temen el establecimiento de un autoritarismo que detenga el desarrollo intelectual y científico: científicos e investigadores, incluyendo ganadores de premios Nobel, etc. El peligro de esta reforma para la seguridad nacional es claro: reservistas voluntarios de todas las unidades del ejército, incluyendo aviadores y miembros de unidades cibernéticas, ya se niegan a presentarse a sus entrenamientos periódicos; ex jefes de las fuerzas de seguridad interna y externa advierten con lujo de detalles las posibles implicaciones destructivas de los cambios propuestos. Familias de soldados que cayeron en las guerras a lo largo de la historia del Estado cuestionan públicamente si la muerte de sus seres queridos tuvo sentido, cuando el país está gobernado por quienes se oponen a los principios de la democracia liberal.

Esta lista parcial es una descripción somera de la amplia movilización de la sociedad civil desde que el gobierno de «derecha plena» encabezado por Bibi asumió el poder hace tres meses. La indiferencia ya no es opción, dicen los participantes, tomar posiciones claras es imperativo, y la creatividad que caracteriza a la cultura local se pone de manifiesto en miles de formas día a día y hora a hora. Cientos de mujeres vestidas de rojo, como en la serie «El cuento de una criada» (basada el libro de Margaret Atwood) desfilan por las calles lentamente, como protesta anticipada contra las posibles leyes religiosas represivas que serían impuestas si la revolución judicial avanzara. El grupo de abuelas, preocupadas por el destino del país en el que vivirán sus nietos, desfilan por las calles expresando sus sentimientos. Parlamentarios del Likud que, potencialmente podrían producir un cambio «desde adentro», son acechados en sus casas, en sus reuniones de trabajo y diversión, por los manifestantes. Muchos sienten que la agenda real de Bibi es protegerse de los juicios por corrupción que lo esperan, aunque el precio sea el desmembramiento del país.

La última semana, frente a la presión interna y externa, y como respuesta a las protestas espontáneas masivas, Bibi instó a partidarios suyos y de su gobierno a manifestarse en su apoyo. El carácter de estas manifestaciones presenta rasgos por completo diferentes, tanto en relación con el perfil de los participantes como con el comportamiento de ciertos grupos extremos. El público, en su mayoría habitantes de la periferia geográfica, y en gran parte identificados con corrientes religiosas, porta carteles con lemas agresivos hacia los oponentes de Netanyahu, expresando el entusiasmo y la admiración por la persona del líder. Esto en contraposición a los carteles de los manifestantes opuestos que, hasta ahora, se centran fundamentalmente en las peligrosas consecuencias de las reformas.

La declaración del ministro de defensa, la reacción del primer ministro (que aún, doce días después de su declaración no formalizó el despido de Gallant) y la respuesta de los manifestantes opositores al cambio judicial radical muestran la profunda crisis que está viviendo la sociedad. Esta es, sin lugar a duda, la crisis interna más grave que se vivió desde la fundación del Estado. Aún más, de acuerdo con analistas y expertos, el peligro se compara al que acecho a Israel en 1948 o en la guerra de Yom Kipur en 1973. La diferencia, indudablemente, es que los «enemigos» son internos ahora, viviendo en el mismo espacio territorial y compartiendo la vida cotidiana. No sólo: hay quienes recurren a imágenes alimentadas por la antigua historia del pueblo judío y alertan sobre un posible desenlace en el que, como en otras ocasiones, la polarización podría conducir a la destrucción del Estado mismo.

Tanto los organizadores de la protesta como la mayoría de los participantes y los partidos de oposición concuerdan en la necesidad de efectuar ciertos cambios en el sistema judicial que se fue conformando paulatinamente desde el surgimiento del Estado. Estos cambios, sus alcances y posibles implicaciones en un país con fracturas sociales y culturales tan profundas deberían realizarse sobre bases consensuales. Pero la posición del gobierno es que la mayoría puede decidir unilateralmente las reglas del juego, una postura incompatible con los principios básicos de la democracia liberal.

Como respuesta a la situación tan efervescente en la que se encuentra el país y a las presiones externas (gobiernos extranjeros y comunidades judías de varios países), Bibi decidió suspender la aprobación parlamentaria por varias semanas, mientras se realizan conversaciones con la oposición en busca de un acuerdo. Pero no aceptó una condición presentada por la oposición: detener el proceso durante las negociaciones. Estas se realizan con el auspicio del presidente, el jefe del Estado. Las expectativas con respecto a posibles resultados positivos son muy bajas, y las razones son varias. La más importante es la falta de confianza en Netanyahu mismo y su equipo. Bibi, en su carrera política, incumplió muchas veces promesas hechas a otros políticos; además, el gobierno parece estar metido en una maratón legislativa, que produce leyes casi cotidianamente, un proceso difícil de detener. Pero, fundamentalmente, la coalición gobernante incluye partidos minoritarios que rechazan los principios básicos de la democracia liberal: uno ultranacionalista mesiánico, otro ultranacionalista racista y militarista, y otros religiosos ultraortodoxos. Estos grupos ven a este gobierno como una oportunidad única para obtener sus objetivos. Con semejantes socios, no es claro que pueda haber consensos que consagren el imperio de la ley y la separación de poderes. Frente a este panorama poco alentador, la protesta continua sin sosiego. Los que buscan esta revolución judicial no esperaban una reacción tan intensa por parte de la sociedad civil. La sorpresa también fue de la oposición misma: «Nosotros no éramos conscientes de nuestra fuerza y de nuestra determinación», manifestó el escritor David Grossman en la manifestación en Jerusalén. En pocos meses, el país se transformó. Los cientos de miles que portan banderas que ondean por las calles y los caminos intentan recuperar la esperanza de poder recrear principios esenciales de la ciudadanía democrática. «Democracia o rebelión» es uno de los lemas que entonan los participantes. El país está en una encrucijada, y sectores centrales de la sociedad civil han optado por afrontar el desafío.