«Mi país está cambiando su rostro», dice uno de los carteles que enarbolan las decenas de miles de manifestantes que salen a las calles de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, Kfar Saba y otros muchos puntos del país desde hace ya 8 semanas consecutivas. El 20 de febrero de 2023 el rostro de la democracia israelí comenzó el proceso formal de un cambio que, si se realiza, difícilmente permitirá reconocerla.
Desde su creación en el año 1948, el estado de Israel se constituyó sobre las bases de un sistema democrático parlamentario con elecciones competitivas, tolerancia de la oposición e institucionalización de derechos civiles y políticos. Dentro de este marco se limitaron ciertos derechos a la población árabe israelí y se instauró un sistema de doble legalidad en los territorios árabes conquistados. La coalición gubernamental actual intenta no solo reformar el sistema político, sino cambiar los rasgos fundamentales del régimen democrático imperante.
La sociedad israelí se consolidó desde sus comienzos a través de grupos inmigratorios procedentes de diferentes partes del mundo. Durante este proceso, la diversidad sociocultural atizó conflictos internos basados en criterios primordiales de origen (países occidentales e islámicos), nacionalidad (árabes y judíos), creencias (seculares y religiosos) y posiciones frente al conflicto árabe israelí (izquierda y derecha). Tales conflictos crearon enclaves de pertenencia que se manifestaron, entre otras cosas, por medio de partidos políticos representando intereses sectoriales. A pesar de las brechas que se fueron estructurando a lo largo de su historia de solo 75 años, Israel logró crear una plataforma política y social de participación y alto grado de solidaridad. La amplia diversificación, sin embargo, dificultó la posibilidad de formular una constitución que pudiese ser aprobada por todos los grupos componentes de la sociedad. La falta de acuerdo sobre la escritura formal de tal documento llevó a la formulación de leyes fundamentales, con carácter constitucional y aprobadas por el parlamento. Estas rigieron en el país hasta la asunción de la coalición gubernamental bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu (Bibi) el 29 de diciembre de 2022. Los cambios en el sistema legal propuestos desde entonces abren la ruta a la mayor crisis institucional que se generó en la historia del país.
El actual gobierno, con una mayoría de 64 en un Parlamento de 120 miembros, está formado por el partido de derecha liderado por Netanyahu (32 miembros), dos partidos religiosos ultraortodoxos (18 miembros) y dos partidos ultranacionalistas religiosos (14 miembros). Esta coalición dirige sus pasos de manera directa a la transformación radical del sistema legal vigente. A cambio, propone una serie de nuevas leyes destinadas a concentrar el poder en el ejecutivo, respaldado por el poder legislativo. Tales medidas están sistemáticamente manipuladas por Netanyahu, quien se encuentra bajo proceso judicial hace ya tres años y se muestra dispuesto a evitar su ingreso a la cárcel a cualquier precio. Siendo procesado por corrupción, soborno y malversación de fondos coloca su «salvación» por sobre todos los intereses y objetivos de la colectividad. Las acusaciones son, en su criterio, producto de una conspiración jurídica.
Sus maniobras están apoyadas de manera inmediata por otros miembros del parlamento que se encuentran en situaciones similares a causa de acciones ilegales y abusos financieros. Algunos de ellos también están interesados en leyes personales que puedan permitirles llenar cargos ministeriales a pesar de acusaciones de corrupción. Estas leyes ya pasaron la primera fase. (El proceso final de aprobación requiere tres). El líder de uno de los partidos ultranacionalistas fue sentenciado en el pasado por pertenecer a una banda de terroristas judíos.
De estos datos parciales no es difícil deducir el interés de los varios partidos en apoyar el ataque abierto a la independencia de la Corte Suprema tal como existía desde sus inicios. Solo para ejemplificar, una de las primeras propuestas ya aprobadas en la primera votación se refiere al sistema de elección de jueces. En lugar de un comité formado por representantes de diferentes sectores profesionales se propone que la mayoría de los miembros sean designados por representantes de la coalición gubernamental. Otra de las nuevas medidas está orientada a anular la posibilidad de que la Corte Suprema pudiese derogar leyes básicas aprobadas por el Parlamento con una mayoría de solo 61 votos. Las limitaciones impuestas al sistema de apelación a la Corte Suprema parecen estar dirigidas a reducir la defensa de los derechos humanos, como también a cuasi legitimar un ataque abierto a las instituciones de la sociedad civil. Las propuestas consideran además que la función de los asesores legales de las instituciones gubernamentales (los guardianes del orden público) tiene que ser minimizada y ser elegidos por los ministros en el cargo sin atender a la capacidad profesional.
Estos son solo ejemplos aislados de los cambios por los cuales el nuevo gobierno intenta destruir las reglas de juego de la democracia y enfatizar el carácter populista y centralizador del sistema político. «Fuimos elegidos por mayoría», «Los oponentes son traidores, izquierdistas, vende patria, anarquistas», «la Corte Suprema es enemiga del pueblo», al igual que tantos otros lemas son los términos a través de los cuales la polarización se va profundizando a extremos que no se conocieron en la sociedad israelí, de por sí dividida.
Cada uno de los partidos de la coalición va adquiriendo más y más derechos de acuerdo con sus intereses y orientaciones ideológicas. Por ejemplo, la Ultra ortodoxia exige una mayor imposición de leyes y normas religiosas en la esfera pública tratando de acercar al país a un modelo teocrático. Los partidos ultranacionalistas exigen concentrar el poder que les permita regular a través de la fuerza la seguridad interna y la vida de la población árabe en los territorios conquistados. A cambio de la respuesta benevolente de Netanyahu a esas exigencias, los partidos le ofrecen el apoyo que necesita para poder evadir la prisión. Por otro lado, la falta de diálogo o negociaciones con la oposición ponen en peligro la posibilidad de un consenso mínimo necesario para el funcionamiento del aparato estatal.
Las advertencias externas sobre las consecuencias negativas de la velocidad y el contenido de los cambios no parecen, por el momento, afectar las posiciones expuestas. El temor de la renuncia a los principios democráticos expresados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, las Naciones Unidas, y otros países, es rechazado por ser considerado intromisión en procesos internos del país.
Ante el avance de medidas tan extremas, la sociedad israelí liberal despertó de su creencia en la invulnerabilidad de los principios democráticos. La reacción fue espontánea, llevando casi inmediatamente a miles y miles de ciudadanos a las calles con el objeto de protestar contra el brutal ataque de los principios que amalgaman la sociedad. Esta reacción va adquiriendo día a día mayor fuerza y extensión con manifestaciones donde participan más de 300.000 personas (en un país de 9.000.000 de habitantes). Los jóvenes, que hasta hace unos meses aparentaban hasta cierta apatía con respecto a los intereses generales, invaden las calles, junto a niños y personas mayores, con gritos y sonidos reclamando DEMOCRACIA. Ese reclamo constituye la base aglutinante de la movilización masiva.
La protesta enarbola el peligro que acecha al país tras el quebrantamiento de los principios democráticos y la limitación de la independencia del poder judicial. Miles y miles de personas, los «anarquistas» como Bibi los denomina, salen todos los sábados a la noche a expresar sus exigencias. Estas incluyen los derechos humanos, los derechos civiles, la libertad de expresión, la igualdad, la seguridad. Ellos intentan rescatar el contrato establecido entre el estado y la sociedad tal como fue elaborado en el acta de declaración de la independencia en 1948 y que rige a la sociedad desde entonces. Para realzar los requerimientos adoptaron simbólicamente la bandera nacional, en el pasado «apropiada» por la derecha nacionalista, como símbolo de pertenencia e identidad. El impacto de miles y miles de «abanderados» desfilando por el país no deja indiferente a quienes transitan por las calles.
Pero la protesta no es solo simbólica; los efectos negativos en el desarrollo de la economía empiezan a ya a sentirse en el campo financiero y en las inversiones en la industria tecnológica. La falta de motivación de combatientes de tomar participación en actividades de defensa es otro de los ejemplos de la trasformación hacia la cual la sociedad movilizada se dirige.
Frente a la debilidad relativa de las medidas institucionales que pueden ser tomadas por los partidos de oposición, la sociedad civil intenta detener el avance de las decisiones ilegitimas del gobierno a través de la expansión de los medios para trasmitir y aclarar posiciones críticas, actos públicos, peticiones al primer ministro, congresos, incitación a desobediencia civil y otras. Los agentes pertenecen a rangos ideológicos variados, unidos por la conciencia del ataque agresivo a la democracia que puede poner en peligro la existencia misma del Estado. Entre ellos se encuentran ex miembros de la Corte suprema, ex jefes del Estado Mayor, militares de todos los rangos, ex jefes y miembros de los servicios de seguridad interna (Shabak) y externa (Mosad), de la policía, aviadores, organizaciones de ingenieros, de abogados, maestros, profesores universitarios, economistas, estudiantes, trabajadores de alta tecnología, organizaciones médicas, trabajadores sociales, industriales, inversores, directores de bancos, el cuerpo directivo del banco de Israel, rabinos modernos y muchísimos otros.
Cual será el efecto de la protesta de las fuerzas liberales y en qué medida podrá detener la carrera sin frenos que amenaza no dejar en pie las bases democráticas, nadie lo puede saber. El gobierno intenta ignorarlo, los militantes ascendieron a una etapa más pragmática, aumentando la acción que se extiende a mas y mas grupos diversificados de la sociedad. Pero la pregunta que abruma a quienes quieren impedir la revolución judicial y la crisis concomitante es en qué medida la democracia posee las herramientas que permiten contraponerse al poder de quienes redefinen las reglas de juego de acuerdo con sus propias urgencias e intereses.
La doctora Batia Siebzehner es socióloga y educadora, investigadora afiliada del Instituto Harry S. Truman para el Avance de la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén.