Hace años que el crisol que son los Balcanes está en ebullición. Los problemas no terminaron con las guerras que allí hubo. Uno es especialmente sensible en estos días, porque cualquier chispa puede hacer estallar el polvorín. Se trata del Kosovo, pequeña entidad territorial, que cuenta con algunos reconocimientos como Estado, pero que no ha podido consolidar esta posición. Y que, en determinados momentos, ciertos sectores del secesionismo quieren tomar como modelo.
Para entender el caso del Kosovo es necesario tener en cuenta, en su conjunto, el proceso de desintegración de la antigua Yugoslavia, que es lo que permite comprender qué sucedió allí. Porque el marco jurídico de referencia en el momento era la Constitución yugoslava, no ningún derecho interno del Kosovo, que era una «provincia autónoma» dentro de la República de Serbia. El territorio donde se asientan los estados que integraron la antigua Yugoslavia tuvo una historia complicada, al ser un lugar de confluencia de los grandes imperios austro-húngaro, turco y ruso. Las guerras fronterizas, las guerras mundiales y la evolución de Turquía marcaron fuertemente la configuración geopolítica de la zona hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial, la Yugoslavia creada en 1929 a partir del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos establecido en 1918, se formó la República Democrática Federal de Yugoslavia en 1945, que, tras sucesivas denominaciones ha sido hasta su disolución, la República Federativa Socialista de Yugoslavia (Yugoslavia para abreviar). Yugoslavia, como Estado federal, estuvo compuesta por las repúblicas socialistas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, teniendo además dos provincias autónomas dentro de Serbia que eran Voivodina por una parte y Kosovo y Metojia por otra.
Las primeras proclamaciones de independencia fueron las de Eslovenia y Croacia en 1991, territorios que fueron invadidos por el ejército yugoslavo, en pleno proceso de independencia y comenzó un período de confrontación que involucró a prácticamente todas las repúblicas de la Federación. Jurídicamente el tema no estaba nada claro, puesto que se constituyó una Comisión de arbitraje que, entre otras cosas, tenía que dilucidar si los dos estados secesionistas eran quienes sucedían a Yugoslavia o si nadie se constituía como Estado sucesor. La Constitución vigente en Yugoslavia era la de 1974, heredera de la de 1963 que a su vez lo era de las de 1953 y 1946. En la Constitución de 1974, se definía a la República Socialista Federativa de Yugoslavia como una unión voluntaria de repúblicas socialistas y de naciones comprendiendo el derecho a la separación (reconocido en los Principios fundamentales) y en el art. 244 se reconocía que el fundamento del Estado era la “soberanía” de los “pueblos”. La puerta abierta hacia la separación, a través de la constitucionalización de la “unión voluntaria”, fundamentada en los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos y autorizando la secesión, constituyó la base jurídica de las proclamaciones de independencia, reforzadas por la creación de facto, en los territorios, de estructuras similares a las estatales.
Este era el contexto jurídico en el que la Comunidad Europea, sobre la base del art. 30 del Acta Única Europea, emitió una declaración política, el 16 de diciembre de 1991, por la que la Comunidad y los Estados Miembros afirmaron que reconocerían la independencia de todas las repúblicas yugoslavas que cumplieran las condiciones requeridas. El 15 de enero de 1992, la Comunidad Europea hizo efectiva su declaración, y el 22 de mayo del mismo año reconoció a Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, quedando el resto de repúblicas integradas en lo que se denominó República Federativa de Yugoslavia que comprendía a Serbia y Montenegro (unión que desaparecería también en 2006 tras la separación entre ambos para formar dos Estados diferentes y la proclamación de Kosovo como estado independiente en 2008). Todos ellos, incluida Yugoslavia, tuvieron que pasar por sendos procesos de entrada en Naciones Unidas, de acuerdo con las previsiones de la Carta. Pero Eslovenia, Croacia y Bosnia pudieron entrar sin excesivos problemas en 1992 mientras que Serbia y Montenegro, a quienes se negó la entrada por no cumplir con las Resoluciones emitidas por la Asamblea General, no pudieron hacerlo hasta después de la firma de los Acuerdos de Dayton en 1995.
Efectivamente, Bosnia-Herzegovina aprobó en su Parlamento una declaración de soberanía en 1991, seguida de un referéndum en 1992 y rápidamente la Comunidad Europea decidió también reconocerla, en medio de un complejo conflicto bélico que comenzó ya en 1991 y que no terminaría hasta los Acuerdos de Dayton en 1995 (en 1998 y 1999 hubo también conflictos armados en Kosovo y entre Serbia y Montenegro). Macedonia fue reconocida por los Estados de la Comunidad Europea el 16 de diciembre de 1993, si bien el conflicto con Grecia por la denominación hizo que el nuevo Estado tomara el nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia. Serbia y Montenegro, federación que sustituyó a la República Federativa de Yugoslavia (que había entrado en Naciones Unidas en el año 2000), no fueron reconocidas por Naciones Unidas y la Unión Europea hasta 1995, después de los Acuerdos de Dayton. Montenegro oficializó su separación de Serbia en 2006, entrando en Naciones Unidas el 28 de julio del mismo año y Kosovo se autoproclamó Estado independiente en 2008 (no hay unanimidad ni en Naciones Unidas ni en la Unión Europea sobre su aceptación como tal). Es más, Naciones Unidas tiene todavía establecida una Misión de Administración Provisional en Kosovo, formada básicamente por militares y policías de diversos Estados aunque también por expertos que puedan supervisar los aspectos económicos, cuya función principal es la de promover la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos en ese territorio, puesto que no ha adquirido la posición internacional necesaria y suficiente como para que cese esa tutela internacional sobre el mismo.
Sintetizando, en lo que fue el territorio de la antigua Yugoslavia, existen hoy seis Estados reconocidos por la Comunidad Internacional, que son Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. Kosovo todavía espera que su situación jurídica se estabilice pues, aunque el Tribunal Internacional de Justicia reconoció en una Opinión consultiva, el 22 de julio de 2010, que tal autoproclamación como Estado independiente no era contraria al Derecho Internacional porque el Derecho internacional general no contiene ninguna prohibición al respecto, el status de Kosovo como Estado continúa siendo contestado y está todavía lejos de obtener la unanimidad de la Comunidad Internacional. Se tuvo en cuenta la opresión que el gobierno de Serbia realizó sistemáticamente sobre la comunidad kosovar; recuerdo, al respecto, que un antiguo alumno mío, que estuvo trabajando en esos años en Kosovo, apareció de repente en Barcelona buscando solidaridad para la población kosovar; “los están matando” me dijo. Ciertamente, hubo una guerra entre los kosovares y los serbios. Y la Unión Europea, y sus Estados miembros, se “lucieron” al respecto. Pero, cuidado, el Tribunal Internacional de Justicia no legitimó que Kosovo se constituyera como Estado a través de una declaración unilateral de independencia: se limitó a decir que ello no era contrario al Derecho Internacional. Los problemas jurídicos que tiene Kosovo, para formalizar definitivamente su condición como estado independiente se deben a que no respetó los procedimientos del Derecho interno.