Cuando se ocupa un cargo público se debe hacer frente a un conflicto de intereses cada vez que se adopta una decisión, porque con frecuencia colisionan el interés general, el interés de partido y el interés personal. La decencia exige primar siempre el interés general en el marco del Estado de derecho. Lo que distingue a los estadistas de los políticos a secas es precisamente que aquellos mantienen siempre la primacía del interés general. La decencia se mantiene cuando se prima el interés general; se deteriora o se pierde cuando se antepone el interés de partido; y se pierde cuando lo primero es el interés personal, que es cuando el político se corrompe. El concepto de “Estado de derecho” se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.
El Gobierno ha puesto en almoneda importantes leyes e instituciones públicas en perjuicio del Estado de derecho. El principio elemental de separación de poderes está en entredicho después de los intentos, maniobras y cabildeos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Es indecente ignorar e incluso ocultar los informes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial cuando se tramitan los proyectos de ley, de la misma manera que también es indecente tramitar los cambios legales como proposiciones de ley para evitar esos informes.
En los últimos años en España se ha comprobado que las leyes no se hacen cumplir por igual, véase el ejemplo de los indultos a los condenados por delito de sedición y de malversación, de la misma manera que el principio de igualdad ante la ley se pone seriamente en cuestión con las modificaciones previstas en el Código Penal para satisfacer las pretensiones de los socios del presidente del Gobierno. En algunos países de habla hispana se denomina “mico” al artículo o disposición que se incluye en una ley para satisfacer los deseos de una persona o grupo de personas, aunque la ley en cuestión no tenga nada que ver con el mico. El mico ya se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, porque está en trámite la modificación del Código Penal para que los condenados por sedición y malversación no solo estén en la calle, sino que además la pena de inhabilitación y la devolución del dinero malversado se queden sin cumplir.
Cuando hace unos días se votó en el pleno del Congreso de los Diputados la admisión a trámite de la proposición de ley para introducir este mico en el Código Penal, fue muy interesante la intervención del diputado por Cantabria, José María Mazón, cuando entre otras cosas afirmó que “las leyes no tienen que escribirlas las víctimas, pero mucho menos los delincuentes”. Esto es precisamente lo que ocurre con la desaparición del delito de sedición y la modificación del delito de malversación. Ya no será malversación -o su castigo será mínimo- engrasar con dinero público los apoyos mercenarios al llamado “procés”. Se da carta de naturaleza a la indecencia de que no sea delito el gasto de dinero público en interés del partido o de no se sabe quién, siempre que no haya interés personal. Esto último insulta nuestra inteligencia, porque cuando se prima el interés del partido o de no se sabe quién, se perjudica el interés general y siempre resulta beneficiado quien toma esa decisión. En este caso quien se beneficia en último término es quien pretende permanecer en el poder, aunque sea introduciendo el mico en nuestras leyes y deteriorando las instituciones y el Estado de derecho.
Se falta a la verdad cuando se pretende justificar la eliminación del delito de sedición afirmando que en los países europeos no existe esa figura. La sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los responsables del intento de golpe de Estado dejó bien claro que los delitos que aquí se denominan sedición existen en cualquier país europeo citando varios ejemplos. Estos últimos días todos nos hemos visto sorprendidos por la desactivación en Alemania de un intento de “sedición” o “golpe de Estado” organizado al parecer por un grupo de ultraderecha. Seguro que nuestros socios europeos no tienen ningún rubor en perseguir y juzgar estos hechos. En España el gobierno se ha empeñado en dejar indefensos la constitución y el Estado de derecho.
En resumen, algunos políticos, afortunadamente no todos, han perdido la decencia porque anteponen los intereses de partido y personales al interés general, como muestran las leyes con mico y los intentos de toma de control de las instituciones del Estado.
Javier Carnicero es Exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, entonces Servicio Regional de Salud.