Movilización por la democracia: el 18 de Noviembre en la Plaza del Castillo

Al hilo de los acuerdos de gobierno recién anunciados y las movilizaciones de protesta, desde Pompaelo queremos decir que:

Ya desde el 21 de Diciembre de 2022 venimos denunciando y movilizándonos en protesta contra el ataque al Estado de Derecho impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez. Con la manifestación organizada en Madrid ese día, Pompaelo y decenas de otras entidades de la sociedad civil española pretendimos llamar la atención sobre las consecuencias de derogar el delito de sedición y descafeinar el de malversación. Como ya ha dejado claro la Unión Europea, hacer que a un político le resulte barato desviar fondos públicos no es una buena idea para la salud democrática de un país.

También, en compañía de otras instituciones, hemos denunciado repetidamente la situación del poder judicial y la falta de independencia de la fiscalía. De nuevo, una falta de separación de poderes que ha sido señalada como problema desde la Unión Europea.

Repetidas veces, y de nuevo en compañía de otras entidades en la plataforma Escuela de Todos, hemos pedido que se cumplan las leyes y sentencias judiciales que protegen los derechos de los estudiantes en las comunidades dominadas por los nacionalistas. Estuvimos en Octubre pasado en el Parlamento Europeo para aportar datos. El Parlamento ha puesto en marcha una delegación para examinarlo porque se aprecia la gravedad de que se ignore la ley y las sentencias judiciales.

La fragilidad de los apoyos de Pedro Sánchez tras las últimas elecciones y su negativa a alcanzar acuerdos con fuerzas no nacionalistas le ha llevado a unos pactos que avivan los peores temores de la sociedad civil. Aunque el propio PSOE lo desmienta, los acuerdos son públicos, y contienen varios puntos que nos parecen inaceptables:

• La amnistía para personas “relacionadas con” el referéndum ilegal y la proclamación de independencia de 2017. Una medida que beneficia a todo tipo de delincuentes, desde los que organizaron las algaradas, invasiones de estaciones y edificios públicos y agresiones a las fuerzas del orden, hasta los que desviaron fondos para financiar el intento de convertir Cataluña en una dictadura nacionalista. Que un delincuente quede impune porque le conviene a un gobernante es completamente inaceptable. La ley debe ser para todos y nadie debe estar por encima de la ley, o no existe la democracia.

• El uso de comisiones de investigación parlamentarias para enmendar la plana a los jueces en los procesos relacionados con aquellos hechos (e incluso “exigir responsabilidades” por supuesta “judicialización de la política”) supone un intento de sujetar el poder judicial al legislativo que ya ha sido rechazado por el Poder Judicial, por todas las asociaciones de jueces y de fiscales, así como por cientos de juristas como los de Foro de Profesores. La independencia de ambos poderes es una condición básica y fundamental de la libertad y la democracia.

• La creación de un “mecanismo” en el que Junts y el PSOE (con mediación “internacional”) debatan medidas como el referéndum de autodeterminación y la autonomía financiera de Cataluña, supone profundizar el sistema actual en el que se priva al Congreso y al Parlament de Cataluña de participar en negociaciones que afectan a todos. Ni el PSOE ni Junts representan a todos los españoles ni a todos los catalanes; ninguno de los dos tiene ni remotamente la mayoría, pero ni eso les justificaría para hurtar a las instituciones un debate que debe realizarse por los canales legalmente previstos. Ningún “mecanismo” tiene derecho a arrogarse tomas de decisiones de este calibre en una democracia.

• Combinar quitas masivas de deuda con el establecimiento de una Hacienda catalana con un régimen similar al vasco es un agravio comparativo enorme para otras regiones que rompe los principios de cohesión y solidaridad. Las haciendas forales no reciben quitas: cargan con sus propias deudas, porque eso significa tener una hacienda propia. Y lo más importante: si la fijación de las contribuciones de esas haciendas a las cuentas públicas se hace con los criterios de conveniencia política que están caracterizando esta negociación, o que caracterizan la fijación del Cupo vasco, en lugar de con criterios técnicos (como sucede esencialmente en Navarra), suponen una subvención del resto del país a las comunidades más ricas que rompe toda solidaridad.

• La intromisión permanente del PNV en las competencias del parlamento de la Comunidad Foral de Navarra (donde no tiene ni remotamente mayoría), forzando la adopción de medidas y competencias que no responden a la voluntad ni favorecen los intereses de los ciudadanos de Navarra, se quiere ampliar afectando incluso al empleo público, una de las medidas de colonización nacionalista de las instituciones más peligrosas a medio plazo para la libertad y la igualdad, como se ha visto en País Vasco y Cataluña donde los derechos de ciudadanos y funcionarios no nacionalistas se ven discriminados por la propia administración, y la ejecución por ésta de leyes y sentencias es puesta en entredicho.

Todo esto es completamente independiente de la opción política o ideológica de cada uno, y de la nacionalidad con la que se identifique. Estas medidas afectan a la calidad de nuestra democracia común, y donde hoy propician abusos de los unos contra los derechos de otros, mañana harían posible abusos de los contrarios. El péndulo se mueve y cambia de dirección, y por eso siglos de experiencia nos han enseñado a proteger la separación de poderes y la primacía de la ley, así como la neutralidad de los funcionarios.

En conclusión:

1. Reiteramos la convocatoria realizada con Sociedad Civil Navarra y Doble 12, y la invitación extendida a todas las organizaciones cívicas de Navarra y a toda la ciudadanía de Navarra, para concentrarse el día 18 a las 12,00 en Pamplona en la Plaza del Castillo. Animamos a todos los que aprecien la libertad y la democracia a acudir pacíficamente y a expresar el rechazo a medidas que nos perjudican a todos, incluso a los que las promueven. Rechazamos expresamente la presencia de símbolos o consignas contrarios a esos principios, y su presencia será tratada como intentos de reventar la concentración.
2. Entendemos las movilizaciones más o menos espontáneas frente a las sedes del PSOE. Animamos a la ciudadanía que participa en ellas pacíficamente a evitar, en lo posible, la acción de los extremistas que, en algunas ciudades, las aprovechan cuando terminan. Animamos igualmente a los medios a dejar de dar tantos “minutos de gloria” a dichos extremistas, y a reflejar con veracidad la amplitud y el carácter cívico de las protestas. Que los últimos veinte minutos de tres horas de protesta en Ferraz no sean lo único que se ve cada día en medios y televisiones.
3. Animamos a organizaciones de todo tipo a seguir el camino de Foro de Profesores, de las asociaciones de jueces y fiscales, del Consejo del Poder Judicial, los inspectores de Hacienda o los embajadores jubilados, y dejar clara su posición públicamente, tanto aquí como ante la Comisión Europea, para hacer visible el rechazo social a este intento de desbaratar el Estado de Derecho en España.
4. Esperamos que estas expresiones de rechazo social hagan recapacitar a Pedro Sánchez, pero sobre todo confiamos en la ciudadanía española (a través de los votos) y en la Unión Europea (a través del Mecanismo del Estado de Derecho) para invalidar y revertir las medidas ilegales, inconstitucionales o sencillamente antidemocráticas que se tomen al calor de los pactos anunciados

Los factores que han llevado a nuestro país a esta situación no son nuevos, no se limitan a Pedro Sánchez, y tienen arreglo. Estaban muy claros ya en 2017 y los venimos señalando; en 2021 publicamos «Naciones de papel: reflexiones para tener futuro» con catorce autores, y las recetas para recuperar el paso siguen siendo las mismas. Invitamos a ciudadanía y partidos políticos a dar a los cimientos de la democracia la importancia que tienen.